La falta de tratado de extradición dificulta la lucha contra el crimen transnacional, ya que los delincuentes pueden escapar de la justicia al refugiarse en países que no tienen acuerdos de extradición con otros países.
Una vez aclarada la posición que guardan los tratados en el sistema de fuentes del derecho mexicano, la autora estudia de manera general los cambios que se han presentado en el sistema político mexicano en los últimos años, y que se han traducido en el desgaste y debilitamiento del sistema presidencial para dar paso a un sistema más abierto donde los poderes Legislativo y Judicial participan de manera más activa tanto en la vida nacional como internacional de México. Es de destacar el papel que ha asumido el Poder Judicial en materia de extradición, tanto en el caso Cavallo como en la interpretación del artworkículo 4o.
Esto puede permitir a los delincuentes evadir la justicia y continuar cometiendo delitos en otros países.
R: Si una persona se niega a ser extraditada, el gobierno del país que solicita la extradición puede presentar una solicitud official para que se le obligue a comparecer ante un tribunal.
Los tratados de extradición son acuerdos internacionales entre dos o más países que les permiten entregar a personas buscadas por la justicia en otro país. Estos tratados son una herramienta valiosa en la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que permiten que los criminales no puedan escapar de la justicia simplemente huyendo a otro país.
El caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán es un ejemplo de la complejidad del proceso de extradición a México. A pesar de los recursos legales presentados por su defensa, Guzmán fue finalmente extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por varios delitos.
La autora analiza diversos instrumentos jurídicos internacionales con el fin de identificar y rescatar los principios jurídicos y garantías individuales que con el paso del tiempo se han convertido en elementos imprescindibles en todo tratado y ley this contact form de extradición.
El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en Extradición México Irlanda el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla normal goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia navigate here judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
En esta etapa la SRE se encuentra facultada para analizar que la solicitud y/o petición de extradición cumple con los requisitos establecidos en los Tratados Internacionales o los requisitos en materia de extradiciones del país requerido.
Para que una solicitud de extradición a México sea procedente, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, como que la persona a extraditar sea acusada de un delito punible en México y que se presente la documentación necesaria que acredite su identidad y los delitos por los que se le acusa.
La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.
La decisión de extradición es tomada por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría debe evaluar la solicitud y tomar en cuenta los intereses del Estado mexicano y de la persona acusada.
R: El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del caso y la cooperación de las autoridades involucradas. En algunos casos, el proceso puede tardar varios meses o incluso años.
A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia universal marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.